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Introducción

Líneas de acción prioritarias, Objetivos y Estrategias Institucionales

A fines de 2016, los Comisionados del Instituto realizaron un ejercicio de definición de líneas de acción prioritarias para las actividades que se desarrollarán en el corto y mediano plazo con una visión al año 2025. Ello exige una continua tarea de revisión y consolidación del Instituto, así como reconocer oportunamente los profundos cambios que en el mundo digital se están y seguirán gestando; y la necesidad de actuar coordinadamente con otros actores gubernamentales (ver Figura 3). 

Dentro de las líneas de acción prioritarias se tienen a:



Elaborar e implementar una estrategia nacional de infraestructura para facilitar y agilizar el despliegue de infraestructura y el incremento de la penetración de los servicios que atienda las necesidades de comunicación del país al año 2025, a partir de las barreras de despliegue que hoy se tienen y que provocan un déficit de infraestructura derivado de un despliegue lento, en buena parte derivado de la complejidad administrativa para obtener permisos locales. En este sentido, se requiere que las unidades administrativas del IFT, en coordinación con otras instituciones, autoridades de diferentes órdenes de gobierno y conjuntamente con la industria, se elabore un programa integral de fomento, reducción de barreras y costos al despliegue de infraestructura.

Asimismo, habrá que diseñar mecanismos que fomenten la cobertura y penetración de los servicios en las zonas menos rentables, para lo que se requiere identificar las herramientas administrativas, financieras, legales y de competencia que contribuyan a dicho objetivo. 
Se debe adoptar un enfoque proactivo para detectar y corregir las distorsiones a la competencia y con ello alcanzar una competencia efectiva, sin barreras de entrada y con acceso a todos los insumos esenciales, lo que generará un incremento de las inversiones al año 2025, a partir de un mercado donde se ha tenido elevados niveles de concentración, prácticas anticompetitivas y operadores preponderantes.
El IFT realiza un ejercicio exhaustivo para identificar toda la carga regulatoria derivada de disposiciones administrativas añejas, más las emanadas del actual marco normativo, así como se identifican aquellas que ya no cumplen un fin válido y que por tanto, deben ser dejadas sin efecto o inaplicadas. 

Adicionalmente, debe simplificarse el marco regulatorio para los diferentes órdenes de gobierno, a través de mejores prácticas y mecanismos mínimos de regulación donde resulte esencial, para el desarrollo del sector al año 2025 con un mapeo y simplificación de trámites al año 2018, los cuales vienen de un marco regulatorio heredado, amplio y complejo que tiende a la sobrerregulación; que aún no se adapta totalmente a las recientes reformas constitucionales y legales y al nuevo entorno de servicios donde persiste una abundancia normativa, formalista y no sustantiva; que dificulta su supervisión y no aporta beneficios al interés público, pero sí costos regulatorios a los operadores. Para lograr lo anterior, se requiere realizar un diagnóstico del marco regulatorio actual, mapeo de trámites e identificación de estrategias en coordinación con la industria.
Una condición necesaria de la eficacia de la regulación es que ésta se cumpla en forma efectiva por sus destinatarios, por lo que se deben adoptar mecanismos que permitan focalizar el ejercicio oportuno de las facultades de supervisión y sancionatorias, a efecto de optimizar el uso de los recursos disponibles y asegurar su impacto en los objetivos planteados. 
Un marco regulatorio que no contempla la convergencia plena, no garantiza el uso eficiente del espectro, adopta lentamente estándares y desincentiva las inversiones, lo que origina tener un bajo ritmo de innovación que, si bien permite ofrecer nuevos servicios, no garantiza la interoperabilidad ni la convergencia plena. Por lo anterior, es necesario fortalecer la innovación tecnológica y de servicios, basada en estándares, plataformas, ambientes y aplicaciones abiertas, así como disposiciones que faciliten el aprovechamiento de las capacidades de las redes y uso eficiente del espectro.
Para la construcción de la  confianza de los usuarios en la utilización y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al año 2025 para todo tipo de aplicaciones y contenidos, sobre todo para aquellos que conllevan un importante impacto positivo en los aspectos económico y social por parte de todos los actores gubernamentales que inciden en la privacidad, protección de datos personales, seguridad de redes, y el propio usuario de las mismas; se requiere una intensa colaboración entre autoridades, gobiernos de los tres órdenes, otros órganos autónomos, autoridades extranjeras, industria, academia  y usuarios. Lo anterior también es indispensable para que se fomente la economía digital en México.
Debe convocarse a actores clave en la formación de capital humano en las disciplinas relevantes en los sectores regulados para identificar mecanismos coordinados que incentiven la formación de nuevos profesionistas en disciplinas varias, relacionadas con las TIC y la competencia económica al año 2018, a partir de un déficit de capital humano en ciertas disciplinas o fuga de talentos, para lo cual se requiere la participación activa de las universidades y otras instituciones con las que el Instituto tiene convenios a fin de crear un diagnóstico prospectivo de necesidades.

Las líneas de acción prioritarias antes mencionadas requieren de una fortaleza institucional para maximizar los beneficios sociales. Por ello, en el corto plazo se redefinieron en la Planeación Estratégica del IFT los cuatro objetivos institucionales y un eje transversal; donde el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016 y el presente PAT 2017 se alinearon a estos objetivos y a sus respectivas  estrategias institucionales (ver Figura 4). 


De esta manera, todos los proyectos estratégicos y actividades del IFT están alineados a los objetivos institucionales, y con ello se promueve que el Instituto sea una organización moderna que cumpla la visión de ser un regulador independiente, eficaz y transparente; a la vez que contribuye con el eficiente desarrollo de los sectores regulados.

De acuerdo a la normatividad vigente, tanto los objetivos como las estrategias institucionales se alinearon con las metas II y IV del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 (ver Figura 5).